Desde el inicio de la campaña contra la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico en 2023, el Cabildo de Fuerteventura ha tramitado más de 700 denuncias. En una primera fase se intenta resolver a través de la retirada voluntaria por parte de los infractores; en caso contrario, se denuncian. Más allá de las sanciones administrativas, en muchos casos la ciudadanía comete delitos que tienen una tipificación penal 

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